COMITÉ DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS

Preguntas frecuentes (FAQ)

  1. ¿Quién tiene la consideración de “migrante”?  
  2. ¿Cómo protege la Convención a los trabajadores migratorios y sus familias?
  3. ¿Existen otros mecanismos internacionales de protección de los trabajadores migratorios?
  4. ¿Dónde puedo hallar información adicional sobre los derechos de los migrantes? (Folleto informativo)
  5. ¿Dónde puedo conseguir ayuda? (procedimientos de comunicaciones)

1. ¿Quién tiene la consideración de migrante?

Más de 175 millones de personas, entre ellas trabajadores migratorios, refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes permanentes, viven y trabajan en un país diferente a su país de nacimiento o del que tienen la nacionalidad. Muchos son trabajadores migratorios. El término “trabajadores migratorios” quedó definido en el artículo 2, párrafo 1, de la Convención para los trabajadores migratorios en los siguientes términos: 

“toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional.”

La Convención abre nuevas perspectivas al definir los derechos que se aplican a determinadas categorías de trabajadores migratorios y a sus familias, entre ellos los “trabajadores fronterizos, de temporada, marinos, en instalaciones marinas, itinerantes, vinculados a un proyecto y por cuenta propia”.

2. ¿Cómo protege la Convención a los trabajadores migratorios y sus familias?

La Convención pretende desempeñar un papel fundamental en la prevención y eliminación de la explotación de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, a lo largo de todo el proceso migratorio, a saber: 

Al preparar la emigración 

En el momento de preparar la emigración, los trabajadores migratorios deberían poder adquirir nociones básicas del idioma, la cultura, el sistema jurídico y social y las estructuras políticas del Estado de destino. El artículo 37 de la Convención establece que, antes de su partida, o a más tardar en el momento de su admisión en el Estado de empleo, los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a ser plenamente informados por el Estado de origen o por el Estado de empleo, según corresponda, de todas las condiciones aplicables a su admisión y, particularmente, de las relativas a su estancia y a las actividades remuneradas que podrán realizar, así como de los requisitos que deberán cumplir en el Estado de empleo y las autoridades a que deberán dirigirse para que se modifiquen esas condiciones. 

Problemas de adaptación  

Los trabajadores migratorios se ven específicamente expuestos al racismo, la xenofobia y la discriminación. Con frecuencia son blancos de actitudes de sospecha o de hostilidad por parte de las comunidades en las que viven y trabajan. La asociación deliberada de inmigración e inmigrantes con delincuencia es una tendencia particularmente peligrosa que, tácitamente, fomenta y condona la hostilidad y la violencia xenófobas. Una de las maneras más drásticas de criminalizar a los inmigrantes consiste en adosarles sin distinción la etiqueta de “ilegales”, lo que -de manera implícita- los excluye de la protección y el alcance del Estado de derecho.

Los participantes en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Durban, Sudáfrica, 2001) también abordaron la cuestión de los problemas de adaptación. En la Declaración y Programa de Acción adoptados al término de la Conferencia, se alienta a los Estados a organizar campañas de información para que el público esté debidamente informado sobre los migrantes y sobre los asuntos que les afectan, incluida la contribución positiva de estos a sus sociedades de acogida.

También es sabido que los trabajadores migratorios se pueden ver excluidos de la protección de la normativa sobre condiciones de trabajo y que se les niega el derecho a participar en actividades sindicales. El artículo 25 de la Convención estipula que los trabajadores migratorios gozarán de un trato que no sea menos favorable que el que reciben los nacionales del Estado de empleo en lo tocante a remuneración y otras condiciones de trabajo y de empleo. La Convención prevé una serie de estipulaciones para garantizar a los migrantes en situación regular o documentados los derechos a la libertad de movimiento, a formar asociaciones, afiliarse a sindicatos y participar en los asuntos públicos.

El artículo 31 de la Convención insta a los Estados Partes a velar por que se respete la identidad cultural de los trabajadores migratorios y de sus familiares y a no impedir que éstos mantengan vínculos culturales con sus Estados de origen. 

Obstáculos sociales y culturales 

Con frecuencia, las condiciones de vida de los trabajadores migratorios dejan mucho que desear. Se enfrentan a graves problemas en materia de vivienda y, aunque contribuyen a los sistemas de previsión social, tanto ellos como sus familias no siempre llegan a disfrutar de las correspondientes prestaciones y del acceso a los servicios sociales en condiciones de igualdad con los nacionales de sus países de acogida. El artículo 27 de la Convención establece que, con respecto a la seguridad social, los trabajadores migratorios y sus familias gozarán del mismo trato que los nacionales, en la medida en que cumplan los requisitos previstos en la legislación aplicable. Por su parte, el artículo 28 les reconoce el derecho a recibir cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida o para evitar daños irreparables a su salud.

También ocurre con frecuencia que los trabajadores migratorios dejen a la familia en sus países de origen. El artículo 44 de la Convención estipula que los Estados facilitarán la reunión de los trabajadores migratorios con sus cónyuges o con aquellas personas que mantengan con el trabajador migratorio una relación que produzca efectos equivalentes al matrimonio. También está comprobado que, en los casos de reunificación familiar, no puede esperarse de los hijos de inmigrantes -escolarizados en un idioma diferente y que deben adaptarse a un nuevo entorno- un rendimiento académico igual al de sus compañeros, a menos que se adopten medidas especiales para ayudarles a superar esas dificultades. Por otro lado, el temor de las familias del país de acogida a que el nivel académico se vea perjudicado por la presencia de niños inmigrantes en las aulas se ha convertido en algunos países en un tema candente. El artículo 30 de la Convención establece que todos los hijos de los trabajadores migratorios gozarán del derecho fundamental de acceso a la educación en condiciones de igualdad con los nacionales del Estado de que se trate.

Expulsión arbitraria y retorno voluntario

Existen instrumentos jurídicos internacionales que protegen a los trabajadores migratorios de la expulsión arbitraria cuando, por ejemplo, su contrato laboral llegue a término. Los artículos 22 y 56 de la Convención prohíben las medidas de expulsión colectiva e imponen ciertas formalidades administrativas a la hora de adoptar una resolución de expulsión. Los trabajadores migratorios también tienen derecho a retornar a sus países cuando así lo deseen.

Inmigración irregular y clandestina/frenar la trata 

Carentes de estatus jurídico, los inmigrantes en situación irregular son víctimas de la explotación y se ven obligados a aceptar cualquier tipo de trabajo y duras condiciones laborales y de vida. Las políticas de inmigración restrictivas a menudo acaban desviando las corrientes migratorias hacia las vías ilegales de entrada.

La Convención aspira a acabar con el trabajo ilegal o clandestino y con la trata de trabajadores migratorios y trata de desalentar la contratación de trabajadores migratorios indocumentados o que se encuentren en situación irregular.

3. ¿Existen otros mecanismos internacionales de protección de los trabajadores migratorios?

La entrada en vigor de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares viene a reforzar y completar el conjunto de medidas contempladas en los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas. Muchas de las disposiciones de esos tratados ya suponen, de hecho, medidas de protección de los trabajadores migratorios. De especial pertinencia son los siguientes instrumentos internacionales: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los derechos del niño. Los Comités encargados de supervisar el cumplimiento de estos tratados han manifestado en numerosas ocasiones su preocupación sobre la frecuencia con la que los tratados se aplican de manera discriminatoria hacia los migrantes.

Asimismo, el Convenio Nº 97 sobre los trabajadores migrantes (revisado) de 1949 y el Convenio Nº 143 sobre los trabajadores migrantes (disposiciones suplementarias) de 1975, de la OIT, contienen medidas destinadas a la protección de los migrantes.

4. ¿Dónde puedo hallar información adicional sobre los derechos de los migrantes?

Folleto informativo sobre los derechos de los migrantes, dentro de la serie de folletos informativos sobre derechos humanos, publicada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Ginebra.

5. ¿Dónde puedo conseguir ayuda? (procedimientos de comunicaciones)

La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares define los mecanismos para la presentación de comunicaciones de particulares y entre Estados. En la página web del ACNUDH sobre comunicaciones figura información detallada sobre los procedimientos concretos para la presentación de comunicaciones y las denuncias de particulares. No obstante, es importante señalar que las comunicaciones de particulares y entre Estados en relación con la Convención sobre los trabajadores migratorios sólo serán admisibles si se refieren a un Estado Parte que haya reconocido la competencia del Comité al respecto. Para poner en marcha los procedimientos de comunicaciones de particulares y entre Estados se requiere que diez Estados Partes hayan formulado las correspondientes declaraciones de entrada en vigor.


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