Header image for news printout

Observaciones preliminares de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, Sra. Catalina Devandas Aguilar, visita al Paraguay del 19 al 27 de noviembre de 2015

Asunción, 27 de noviembre de 2015

Miembros de la prensa,
Señoras y señores,

Hoy concluye mi visita oficial al Paraguay. Esta visita de nueve días se realizó en el marco de mi mandato como Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad; es decir como experta independiente que informa y asesora al sistema de la ONU sobre los avances y desafíos en la implementación de los derechos de las personas con discapacidad en el mundo.

En primer lugar, quiero agradecer cordialmente al Gobierno del Paraguay por su invitación a visitar el país y por la cooperación plena que me ha proporcionado, la cual me permitió llevar a cabo mi visita de manera libre e independiente.

Durante esta visita me he reunido con altos funcionarios del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Tribunal Superior de Justicia Electoral, autoridades departamentales y municipales, incluido el Intendente electo de la Municipalidad de Asunción, así como con representantes de organizaciones internacionales, una amplia gama de organizaciones de y para las personas con discapacidad, y otros actores de la sociedad civil provenientes de diferentes regiones del país. He mantenido reuniones en Asunción y Villarrica, y visitado el Hospital Psiquiátrico de Asunción, un “hogar sustituto” para personas con discapacidad psicosocial, un hogar de abrigo para niños y niñas con discapacidad, así como una escuela inclusiva en Asunción. También, por invitación del Gobierno, tuve el agrado hacer una presentación en un seminario de Altas Autoridades en Derechos Humanos (RAADH) del MERCOSUR.

Quiero agradecer de manera especial a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan con las que me reuní y que compartieron conmigo sus situaciones, preocupaciones y anhelos de cambio. Aprovecho también esta oportunidad para dar las gracias a la Oficina de la Asesora en Derechos Humanos para Paraguay de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a todo el equipo de las Naciones Unidas por el apoyo crucial que me han brindado para garantizar el éxito de mi visita.

En estos nueve días he recopilado una cantidad significativa de información y testimonios, los cuales me permitirán evaluar la situación de los derechos de las personas con discapacidad en el Paraguay, y desarrollar un informe público que será considerado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, en marzo de 2017. Hoy me limitaré a presentar algunas de mis observaciones y recomendaciones preliminares, basadas en mis hallazgos durante la visita, las cuales serán elaboradas con más detalle en el informe. Estas observaciones preliminares no reflejan todas las cuestiones que se me presentaron, ni todas las iniciativas desarrolladas por el Gobierno del Paraguay.

Análisis de contexto y avances identificados

Paraguay ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y su Protocolo Facultativo en 2008. Desde ese momento, el país ha logrado mejoras importantes para establecer un sistema de protección de los derechos de las personas con discapacidad acorde con el tratado.

Cabe destacar en primer lugar la creación de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) – la institución rectora en materia del diseño, desarrollo y implementación de políticas públicas en materia de discapacidad –, así como la Comisión Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (CONADIS), y el Mecanismo de Coordinación Gubernamental establecido al principio de este año para facilitar la adopción de medidas relativas a la aplicación de la CDPD.

Asimismo, Paraguay ha avanzado ampliamente en el proceso de armonización legislativa en conformidad con la CDPD, con la adopción de una veintena de leyes y decretos relacionados a los derechos de las personas con discapacidad. Entre los más importantes, quiero subrayar la ley de educación inclusiva (No. 5136/13), la ley de accesibilidad al medio físico para las personas con discapacidad (No. 4934/12), la ley número 4336/11 que establece la obligatoriedad del lenguaje de señas en los informativos o noticieros de los medios de comunicación audiovisual, y la ley que establece la obligatoriedad de la incorporación de personas con discapacidad en las instituciones publicas (No. 2479/04 y su modificatoria No. 3585/08). Además, debe destacarse la adopción del Protocolo de atención para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad psicosocial (Resolución No. 224/15) y la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral sobre el voto accesible (Resolución No. 270/14).

Avances relevantes se han llevado acabo más allá de los cambios en el marco normativo, con la adopción de una serie de políticas públicas, programas e iniciativas relevantes para las personas con discapacidad, entre los que se incluyen: el Plan Nacional de Derechos Humanos, el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2030 y el recientemente aprobado Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es pertinente señalar que para acompañar los procesos de implementación de estos planes, se ha realizado un importante esfuerzo de elaboración de indicadores de derechos humanos sobre salud, educación, y juicio justo. Este marco programático es una oportunidad importante para que el Estado incorpore indicadores que le permitan iniciar el proceso de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Es importante destacar que el Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, fue desarrollado de manera participativa con el involucramiento de dos instituciones estatales – la SENADIS y la Secretaria Técnica de Planificación – en consulta con las organizaciones de personas con discapacidad y con la cooperación técnica de Naciones Unidas Derechos Humanos Paraguay. Este Plan constituye una buena practica no solo por su carácter inclusivo y participativo, y su enfoque de derechos de conformidad con la CDPD, sino también por su estrecho vínculo con el Plan Nacional de Desarrollo.

El Gobierno ha desarrollado, con la cooperación técnica de la Oficina de la Asesora en Derechos Humanos para Paraguay, el Sistema de Monitoreo de Recomendaciones (SIMORE) para vigilar la implementación de las recomendaciones de los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos. Este mecanismo interinstitucional ha sido premiado y reconocido a nivel internacional como una buena practica, que está siendo replicada por varios países. En su calidad de miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Paraguay promovió una resolución que se adoptó por unanimidad para promover sistemas nacionales de seguimiento de recomendaciones de derechos humanos e impulsar la cooperación internacional en este campo. Saludo el compromiso y liderazgo del Gobierno del Paraguay en la promoción de los derechos humanos a nivel internacional.

Principales desafíos identificados

Pese a los importantes logros en materia de armonización legislativa y de políticas públicas, el país aún enfrenta importantes desafíos para garantizar el pleno goce y disfrute de todos los derechos a las personas con discapacidad.

El proceso de armonización legislativa debe completarse. Es necesario que el Estado continúe el proceso para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y practicas existentes que discriminen a las personas con discapacidad. A modo de ejemplo, está pendiente una reforma a las disposiciones Código Civil y Procesal Civil, que limitan el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Asimismo, es necesario revisar los artículos del Código Electoral que han caído en desuso y que estipulan restricciones al derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial y las personas “sordomudas”.

Además, Paraguay es uno de los pocos países latinoamericanos que no cuenta con una legislación de protección contra la discriminación, normativa de vital importancia para la promoción de sociedades inclusivas. En este sentido, considero fundamental la adopción del proyecto de Ley general contra toda forma de discriminación,el cual rinde homenaje a quien fue uno de los más ilustres líderes del movimiento latinoamericano de personas con discapacidad, el paraguayo Julio Fretes. Observo también con preocupación que todavía sigue pendiente el nombramiento de la/el titular de la Defensoría del Pueblo, así como la garantía de que la institución funcione de acuerdo a lo establecido en los Principios de París.

El país enfrenta desafíos importantes para avanzar en la implementación de sus planes de desarrollo y derechos humanos. En general y a pesar de los importantes esfuerzos realizados por alinear los procesos de planificación e implementación de los planes, programas y políticas públicas, he podido observar que persiste una fuerte fragmentación de las acciones estatales lo cual dificulta los procesos de coordinación y articulación entre las diversas entidades gubernamentales.

Aunado a ello, el Estado carece de información estadística actualizada y confiable, en particular no se cuenta con información demográfica o administrativa sobre las personas con discapacidad. Si bien, saludo la incorporación de la lista de preguntas del Grupo de Washington sobre estadísticas de la discapacidad en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012; me preocupa que los resultados preliminares del Censo, aún cuando sean parciales, no se hayan publicado. Del mismo modo me preocupa que no se cuente con información desagregada por edad, y la ausencia de información administrativa sobre los beneficiarios de los servicios públicos. En este sentido considero fundamental que el Estado mejore sus sistemas de recopilación de datos administrativos y demográficos que puedan ser desagregados por tipo de discapacidad, edad y género, para ello es fundamental que utilice los indicadores de derechos humanos que fueron desarrollados con la cooperación técnica de Naciones Unidas Derechos Humanos Paraguay.

Es también de especial relevancia que el Estado realice mayores esfuerzos para avanzar en la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. . El primero debería implementarse de conformidad de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU

Falta de accesibilidad al entorno físico, a la información y a la comunicación.

La falta de accesibilidad al entorno físico, a la comunicación y a la información es un problema transversal que impide la participación plena de las personas con discapacidad en sus comunidades, ya que la accesibilidad es un habilitador y un prerrequisito para poder gozar de los demás derechos. En cuanto a la accesibilidad física, reconozco los esfuerzos realizados para adquirir una flota de transporte público accesible y construir rampas en algunas veredas en el Municipio de Asunción. Sin embargo, me preocupa la ausencia generalizada de infraestructura segura y accesible, tanto pública como privada, para las personas con discapacidad, no solamente en la capital sino en todo el país.

Con respecto a la accesibilidad de la información y la comunicación, cabe resaltar los notables esfuerzos del Estado por aumentar los servicios de interpretación de lengua de señas paraguaya en sus actos oficiales y en la prestación de servicios, incluso a través del Centro de relevo de la Secretaría Técnica de Planificación, sin embargo estos esfuerzos son aún muy puntuales. He sido informada de que la creciente demanda de servicios de interpretación no puede ser cubierta con los intérpretes actualmente disponibles. Es fundamental que el Estado promueva, en coordinación con las organizaciones de personas sordas, programas de formación y certificación de intérpretes de lengua de señas, que puedan cubrir esta demanda y que garanticen que estas personas puedan comunicarse de manera efectiva, inclusive en los servicios de salud y emergencias, de la policía nacional y de atención a la violencia.

Más allá de los esfuerzos por garantizar la plantilla en Braille en el reciente proceso electoral, no obtuve información con respecto a medidas estatales para garantizar el acceso a la información de las personas ciegas. La información debe estar disponible en formatos accesibles, para que estas personas puedan acceder a información vital para sus vidas, como por ejemplo las prescripciones médicas. Me genera particular preocupación no haber sido informada sobre medidas para promover el acceso a la información de personas sordociegas o de aquellas con discapacidad intelectual. En este sentido es importante que el Estado considere la necesidad de brindar información en formatos accesibles para todas estas personas.

Formas múltiples y agravadas de discriminación

El Estado debe reconocer las formas múltiples y agravadas de discriminación a las que se enfrentan las personas con discapacidad, las cuales son especialmente graves en el caso de las mujeres con discapacidad, las personas con discapacidad intelectual, psicosocial, sordociegas y sordas, en particular aquellas que están en situación de pobreza y/o viven en zonas rurales o remotas, incluyendo a personas indígenas con discapacidad, los niños, las niñas y adolescentes con discapacidad, y las personas mayores con discapacidad. La situación de estas personas y las diferentes formas de discriminación que enfrentan no están siendo atendidas de manera integral por el Estado. Es fundamental que los servicios públicos visibilicen estas múltiples formas de discriminación y desarrollen respuestas coordinadas y multidisciplinarias para garantizar que todas las personas con discapacidad a lo largo de su ciclo de vida puedan ejercer sus derechos.

Debido a la centralización de la mayoría de los servicios públicos, la situación de las personas con discapacidad, sobre todo aquellas pertenecientes a pueblos indígenas, que viven alejadas de las principales zonas urbanas, es especialmente preocupante, ya que están aisladas de las principales redes de apoyo, de asistencia social, de servicios de salud, rehabilitación y educación.

Reconozco la iniciativa concreta del Instituto Paraguayo del Indígena de recoger información sobre la situación de las personas indígenas con discapacidad, a pesar de ello he tomando conocimiento que esta temática se encuentra invisibilizada en las políticas públicas y en los servicios básicos de atención directa en la comunidad. Es importante que el Estado reconozca las necesidades de las personas con discapacidad pertenecientes a los pueblos indígenas y que se les facilite el acceso a todos sus derechos en igualdad de condiciones.

Derecho a la participación política

Saludo los esfuerzos para garantizar durante las últimas elecciones municipales el derecho al voto a las personas con discapacidad. Destaco como avances importantes la resolución No. 270/2014 del Tribunal Superior de Justicia Electoral que reglamenta el voto accesible, así como la modalidad del voto en casa que permitió a las personas con discapacidad con mayores necesidades de apoyo emitir el sufragio en su domicilio. Esta iniciativa debe ahora ser acompañada por un proceso de análisis para identificar lecciones aprendidas y oportunidades de mejora que se implementen en las próximas elecciones generales de 2018. Un aspecto a mejorar es la coordinación con el Ministerio de Educación para garantizar la accesibilidad de los centros de votación. Asimismo se deben considerar mecanismos más efectivos para garantizar que las medidas de apoyo a las personas con discapacidad no interfieran con su derecho al voto secreto.

Sin bien los esfuerzos realizados son un avance, es necesario que el Tribunal Superior de Justicia Electoral regule las campañas electorales y establezca que la accesibilidad debe ser un criterio permanente de todo el proceso electoral, generando la obligación para que los partidos políticos generen información y propaganda en formatos accesibles para las personas con discapacidad, y garantizando que los debates públicos y otros actos proselitistas sean accesibles para todas las personas.

Es importante también que el Estado garantice el derecho de las personas con discapacidad a presentarse como candidatos o candidatas a puestos de elección popular.

Derecho a la participación en la toma de decisiones

Durante mi visita he podido conocer los procesos de consulta y participación, a nivel país, que han impulsado la CONADIS y la SENADIS durante el proceso de elaboración del Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este esfuerzo permitió la construcción participativa de la política pública para el sector. Sin embargo, he tomado conocimiento que existe aún un reto muy significativo para lograr la participación efectiva de las personas con discapacidad, particularmente aquellas con discapacidad intelectual, auditiva o psicosocial, y de las organizaciones que las representan.

El Estado debe asegurar la participación efectiva de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones y para ello debe fomentar un proceso de fortalecimiento de sus capacidades técnicas, tomando como base la CDPD. Esto incluye permitir y facilitar la constitución de organizaciones representativas de personas con discapacidad.

Derecho a la protección social

El derecho a la protección social es fundamental para garantizar la participación, la inclusión y la vida independiente de las personas con discapacidad. El Estado debe reconocer la deuda social existente con las personas con discapacidad generada por la falta de accesibilidad, oportunidades y acceso a los servicios públicos existentes en su territorio.

El Estado del Paraguay debe avanzar hacia el reconocimiento de pisos de protección social de acuerdo con la Recomendación No. 202 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garanticen un nivel de vida adecuado de las personas con discapacidad. En ese sentido, cabe destacar el objetivo del Gobierno de universalizar la cobertura de los servicios públicos de salud, así como la inclusión en el programa de reducción de la pobreza Tekopora de una transferencia condicionada de fondos diferenciada para familias con miembros con "discapacidad severa". Sin embargo, durante las productivas reuniones que mantuve con la Secretaría Técnica de Planificación y la Secretaría de Acción Social, identificamos importantes desafíos para desarrollar los procesos de focalización y elegibilidad (incluido el proceso de certificación de las personas con discapacidad), para determinar la pertinencia del paquete de prestaciones y garantizar la accesibilidad del programa.

He recibido una solicitud concreta de brindar asistencia técnica en el área de protección social inclusiva, por lo cual me permito compartir con las autoridades respectivas el informe A/70/297 que elaboré para la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre este tema, así como reiterar mi disposición de explorar posibilidades de colaboración para avanzar hacia un diseño de programas de protección social inclusivos de las personas con discapacidad.

Derecho a la educación

Celebro la legislación sobre educación inclusiva, así como la instalación de la Dirección de Educación Inclusiva. Sin embargo, observo con preocupación que la misma no cuente con un presupuesto adecuado que le permita avanzar en el proceso de fortalecimiento de las capacidades técnicas de las y los docentes, a nivel país, para el abordaje en aula de niños, niñas y adolescentes con discapacidad desde un enfoque de derechos humanos. En este sentido, si bien celebro las capacitaciones que se han desarrollado para más de 500 funcionarios/as docentes este año, me gustaría indicar que es necesario apoyarles también durante el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes en aula para avanzar hacia la instalación efectiva de escuelas inclusivas a nivel nacional.

La accesibilidad del sistema educativo debe considerarse una prioridad, entendida esta no solamente por la adecuación del entorno físico en las escuelas y colegios a nivel nacional, sino también la adaptación de los materiales educativos y metodologías a ser utilizadas tanto por docentes como estudiantes en el aula. El cuerpo docente debe tomar las medidas pertinentes a fin de realizar las adecuaciones curriculares según cada caso, realizando los ajustes razonables para lograr la permanencia de los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo.

Es motivo de especial preocupación la calidad de la inclusión y la permanencia en el sistema educativo de las personas sordas. La información obtenida alerta sobre la urgente necesidad de tomar medidas que garanticen el acceso a la educación bilingüe de calidad para estos niños y niñas. Es imperativo que las personas sordas tengan acceso a la educación en lengua de señas paraguaya lo cual facilitará sus procesos de aprendizaje incluido los procesos de alfabetización en castellano escrito. Es por ello fundamental contar con docentes en el aula con capacidad de transmitir los conocimientos mediante el uso de la lengua de señas, de preferencia docentes sordos.

Derecho a la salud

En cuanto al disfrute del nivel máximo de salud posible, observo con preocupación la falta de descentralización de los servicios para la atención a las personas con discapacidad en sus comunidades. Si bien se cuenta con las Unidades de Salud Familiar, estas resultan insuficientes y deben ser ampliadas y fortalecidas para la atención y el abordaje a las personas con discapacidad, a fin de salvar las diferentes barreras que constituyen un obstáculo para el goce de este derecho.

La cobertura universal de la salud debe brindarse en igualdad de oportunidades para todas las personas con discapacidad en todas las regiones del país. A pesar de ello he sido informada de las enormes dificultades que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a servicios de salud de calidad en sus comunidades, entre ellos la inexistencia de servicios, la falta de accesibilidad de los mismos y la resistencia a atender a las personas con discapacidad en los centros públicos generales. Los servicios de rehabilitación y habilitación no están incorporados aún en los sistemas de salud del país, lo cual representa una barrera importante para muchas personas con discapacidad que tienen que desplazarse a la capital para recibir estos servicios con el elevado costo personal y económico que esto implica.

Institucionalización vs. vida independiente en la comunidad

He mantenido reuniones con autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, quienes me han facilitado el acceso al Hospital Psiquiátrico y a un hogar sustituto en el cual viven personas con discapacidad psicosocial.

Me gustaría empezar por rescatar la iniciativa de los hogares sustitutos, como medidas transitorias de apoyo para promover la reincorporación a la vida en comunidad de personas con discapacidad que fueron institucionalizadas en el hospital psiquiátrico. Lamento, al igual que el Relator Especial sobre el derecho a la salud, que dicha iniciativa no se haya desarrollado ampliamente, pues con ello se podría brindar una gama completa de servicios de apoyo para la vida independiente en la comunidad y prevenir violaciones sistemáticas de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial. En las conversaciones con autoridades del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social se me informó de dos proyectos para crear centros de día y proporcionar el apoyo de asistentes personales, denominados “facilitadores de vida”. Estos deben ser aprobados por el Estado como medidas urgentes para apoyar el proceso de desinstitucionalización de las personas con discapacidad psicosocial.

El Hospital Psiquiátrico de Asunción. Mi visita me permitió observar que las prácticas existentes en ese centro violentan los derechos fundamentales de las personas con discapacidad según lo establecido en la CDPD. El Estado debe actuar de manera inmediata para cerrar definitivamente las salas de “pacientes crónicos”, donde las personas con discapacidad psicosocial están privadas de libertad, por razón de su discapacidad.

Adicionalmente, todas las personas con discapacidad internadas son sometidas a tratamientos médicos y a terapia electroconvulsiva sin su consentimiento, pueden ser encerrados en celdas unipersonales y salas de aislamiento, y viven en condiciones que atentan contra su integridad física y mental. Todas estas prácticas contrarias a la CDPD deben detenerse de inmediato.

Estas personas no tienen acceso a la justicia y algunas ni siquiera cuentan con documentos de identidad. Me han informado también de la práctica cada vez más frecuente de internar a personas con discapacidad por orden judicial. Es imperativo que el Estado tome medidas inmediatas y urgentes para devolverle a estas personas su libertad, integridad y dignidad, apoyando su vida independiente en la comunidad.

Por todo ello, insto al Estado a reconsiderar la decisión de ampliar el hospital psiquiátrico y en su lugar reasignar los recursos presupuestados para fortalecer y desarrollar en servicios de apoyos comunitarios que respeten la libertad y la integridad de estas personas y que promuevan su independencia y autonomía.

La institucionalización de niños y niñas con discapacidad requiere una intervención urgente e inmediata por parte del Gobierno. Hay al menos 70 hogares infantiles en todo el país, al menos tres de ellos son instituciones segregadas para niñas/os con discapacidad. No existen datos confiables sobre la cantidad de niños/as con discapacidad que viven en estos centros. Los derechos de estos niños y niñas son vulnerados sistemáticamente en estas instituciones, donde se encuentran en estado de abandono y máxima indefensión. Es preciso que el Estado tome todas las medidas que estén a su alcance para evitar que los niños/as con discapacidad sean abandonados en instituciones, al mismo tiempo debe garantizar la inmediata puesta en marcha de medidas para la desinstitucionalización de quienes actualmente se encuentran en estos centros. El Estado debe iniciar una estrategia de intervención que a corto plazo garantice el derecho de los/las niñas a vivir con una familia y disfrutar plenamente de todos sus derechos.

Derecho al trabajo

Saludo los esfuerzos que realiza el Estado para cumplir con la implementación de la Ley que establece la obligatoriedad de la incorporación de las personas con discapacidad en las instituciones publicas, aunque – según datos de la Secretaria de la Función Publica – solamente el 10% de las instituciones estatales ha incorporado entre sus recursos humanos a personas con discapacidad. Invito al Estado a acelerar el proceso de aprobación del reglamento que sanciona el incumplimiento de esta ley.

El Estado debe aumentar los esfuerzos para asegurar que las convocatorias a los concursos sean accesibles para todas las personas con discapacidad y que estás cuenten con los ajustes razonables que les posibiliten concursar en condiciones de igualdad con los demás postulantes. La implementación de medidas afirmativas para lograr la equidad de las mujeres con discapacidad es también importante.

Con respeto al proceso de certificación de la discapacidad y del potencial laboral que expide la SENADIS, soy consciente de los esfuerzos que realiza la misma para la descentralización de este proceso, con el objetivo de facilitar la participación de personas con discapacidad a concursos públicos y acceder a empleo en la función pública. Espero que el proceso pueda acelerarse para garantizar que la falta de certificación no se convierta en obstáculo para la contratación de personas con discapacidad.

Por último, me preocupa de manera especial la ausencia de iniciativas estatales para promover la creación de empleo de personas con discapacidad en el sector privado.

Mecanismo de monitoreo independiente de la CDPD

Para cumplir con todas las obligaciones establecidas en el artículo 33 de la CDPD, el Estado debe designar un mecanismo nacional independiente que se ocupe de monitorear el avance en la implementación del tratado. Este mecanismo debe funcionar de acuerdo a los principios de París y debe contar con los recursos necesarios para desarrollar su función con independencia. Me gustaría instar al Estado a considerar la creación de este mecanismo en el futuro cercano.

Acceso a la justicia

Durante mi visita pude constatar que el acceso de las personas con discapacidad a la justicia es prácticamente inexistente. Las personas con discapacidad no tienen información sobre cómo hacer exigibles sus derechos por medio de procedimientos judiciales, ni cuentan con recursos económicos suficientes para cubrir los costos asociados a dichos procesos. Los servicios públicos existentes no han sido utilizados de manera significativa por las personas con discapacidad debido a las barreras físicas, actitudinales y de acceso a la información y a la comunicación.

En ese contexto, celebro la reciente aprobación del Protocolo de acceso a la justicia para las personas con discapacidad psicosocial impulsado por el Ministerio de Justicia, y espero que el mismo sea implementado en breve por parte de las instituciones involucradas. Asimismo, he sido informada de la aprobación por el pleno de la Corte Suprema de Justicia de la política pública de acceso a la justicia para las personas con discapacidad. Para avanzar hacia la implementación efectiva de estos nuevos instrumentos, es preciso que las medidas se acompañen de las adecuadas previsiones presupuestarias.

Previsión presupuestaria y cooperación internacional

A pesar de los avances en la definición de políticas públicas inclusivas, la asignación de recursos económicos y humanos adecuados y suficientes para garantizar la implementación efectiva de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en el Paraguay sigue siendo un reto. Por ello, quisiera llamar la atención sobre la necesidad de que el Estado paraguayo, en el marco de los esfuerzos de cooperación internacional existentes, aumente los recursos destinados a dicha tarea. La Secretaría Técnica de Planificación debiera incluir la temática del desarrollo y los derechos de las personas con discapacidad como un tema prioritario en la carpeta de cooperación internacional del país.

El Marco de Cooperación para el Desarrollo entre la República del Paraguay y la Organización de las Naciones Unidas para el período 2015-2019 representa una importante oportunidad para continuar trabajando en estrecha coordinación con el Sistema de Naciones Unidas y de contar con la asistencia técnica de la Oficina de la Asesora de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado para avanzar en los procesos de implementación y seguimiento de las políticas públicas, desde un enfoque de derechos humanos, lo cual permita garantizar la inclusión efectiva de las personas con discapacidad.

Miembros de la prensa,
Señoras y señores,

El Paraguay cuenta con importantes oportunidades para avanzar en el reconocimiento pleno de los derechos de las personas con discapacidad. El país ha realizado un importante esfuerzo participativo para revisar sus marcos normativos, institucionales y programáticos en línea con lo establecido por la CDPD. El mayor desafío ahora es cómo traducir esos nuevos marcos de referencia en acciones concretas que, de manera sostenible, resulten en la participación activa de todos y todas las paraguayos/as con discapacidad.

La construcción del Paraguay inclusivo requiere que se tomen en cuenta todas las condiciones estructurales que limitan el disfrute de los derechos a las personas con discapacidad. Requiere también que se reconozca la deuda social existente con las personas con discapacidad y la necesidad de aumentar los recursos humanos y financieros destinados a cubrir esa deuda. Requiere que las personas con discapacidad y sus organizaciones sean permanentemente consultadas y participen en el diseño, implementación y seguimiento de todas las políticas públicas que les afecten. Requiere aumentar la inversión en la formación, capacitación y concienciación sobre el nuevo paradigma que reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derechos. Requiere un mayor compromiso y una mayor coordinación entre todas las instancias gubernamentales y no sólo aquellas que tienen un mandato específico para trabajar con el sector. Requiere reforzar y mantener las alianzas estratégicas de cooperación técnica. Requiere el compromiso de todos los actores sociales, incluida la cooperación internacional, el Sistema de Naciones Unidas, el sector privado y los medios de comunicación.

El Sistema de Naciones Unidas en el Paraguay juega un papel muy importante para acompañar al Estado en la implementación de políticas y planes sobre la temática de discapacidad, por lo cual invito a las diferentes agencias que se encuentren en el país a sumar esfuerzos para avanzar en este sentido.

Este es un proceso que no tiene marcha atrás. Ha llegado el momento de pasar de un Paraguay de “nosotros solos” (ore kuete) a un Paraguay de “nosotros todos y todas” (ñande kuéra).

Para finalizar, quisiera reiterar mi agradecimiento al Gobierno del Paraguay por haberme invitado a visitar el país, y a sus funcionarios por la valiosa información que generosamente me brindaron y por las francas discusiones que mantuvimos. Me comprometo a hacer todo lo posible para elaborar un informe que sea de utilidad en nuestra tarea común de lograr la plena protección y realización de los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás personas en el Paraguay. Espero que mi visita y mi informe ayuden al país a avanzar en estos propósitos.

Muchas gracias.