Header image for news printout

Texto completo del comunicado de prensa preparado por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia Sr. Mutuma Ruteere, 23 de mayo de 2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

23 de mayo de 2016

“Señoras y Señores:

En el día de la fecha concluye mi visita oficial a la Argentina que realicé entre los días 16 y 23 de mayo a invitación del Gobierno.  En estos últimos diez días mantuve reuniones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las Provincias de Buenos Aires, Salta y Formosa.  Me reuní con funcionarios de Gobierno en los ámbitos federal y provincial, miembros de los poderes legislativo y judicial, así como con representantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, comunidades indígenas y de migrantes, afroargentinos, así como con las víctimas de prácticas discriminatorias y otros grupos y actores relevantes. Además, se me concedió acceso a la cárcel de Ezeiza donde pude conversar con las autoridades penitenciarias y con detenidos.

Quisiera agradecer al Gobierno de la Nación Argentina por la invitación y cooperación, así como por su voluntad para preparar y concretar mi visita.  Por otro lado, me gustaría transmitir todo mi agradecimiento a mis interlocutores por las conversaciones esclarecedoras que mantuvimos.

Viajé a la Argentina para observar en primera persona y obtener una mayor comprensión sobre la situación.  Tuve la oportunidad de escuchar a todas las partes interesadas pertinentes en relación con el tema en cuestión para poder evaluar los avances realizados, identificar aquellos desafíos que aún quedan pendientes a fin de eliminar el racismo, la discriminación racial y la xenofobia; y realizar intercambios constructivos con el Gobierno sobre las maneras más eficaces de superar los obstáculos a fin de lograr una aplicación efectiva de las leyes, políticas y medidas ya existentes.  Por último, el objetivo de mi visita es formular una serie de recomendaciones para ayudar al Gobierno a abordar en forma efectiva el racismo, la discriminación racial y la xenofobia, a fin de alentar una sociedad inclusiva que, hoy más que nunca, resulta una pieza clave, en especial dentro del marco de la nueva agenda de desarrollo sostenible cuyo lema es “no dejar a nadie atrás”.

Quisiera subrayar que realicé mi visita sin preconceptos y con gran entusiasmo por escuchar los puntos de vista, las inquietudes y experiencias de todos los actores relevantes en las áreas que abarca mi mandato.

En el transcurso de mi visita a la Argentina, le he prestado especial atención a la situación de los pueblos originarios, los afrodescendientes, los migrantes de la región y de otras procedencias  también, los descendientes de judíos, y otras comunidades como la LGBTI, y las mujeres migrantes cuya vulnerabilidad se ve incrementada por factores de interseccionalidad. Mi visita se efectuó en un momento en que la Argentina comienza un nuevo capítulo en su política, lo que también representa una oportunidad para redefinir prioridades en la programación hacia el futuro. Sin embargo, ello también significa que es necesario efectuar una evaluación clara y profunda de los logros en los últimos años y los retos aún pendientes, tanto a escala federal como provincial, con vistas a implementar el Plan Nacional contra la Discriminación del año 2005, así como las recomendaciones efectuadas por el sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluido el Comité de Evaluación para la Discriminación Racial-2010 (CERD por sus siglas en inglés), y el último Examen Periódico Universal-2012 (EPU), y aquellas recomendaciones realizadas por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.  Por lo tanto, espero que mis observaciones preliminares logren ser un punto de partida para que el Gobierno pueda tomar de inmediato las medidas que tanto se necesitan.

Logros clave a nivel legislativo, institucional y político

Recibo con beneplácito el compromiso expresado por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación para priorizar la inclusión y el pluriculturalismo en la agenda de los derechos humanos, extendiendo el enfoque de dichos derechos más allá de la memoria, la justicia y la verdad, hacia un enfoque más integral, lo que incluye el acceso igualitario a los derechos para todos, conforme lo garantizado por la Constitución Nacional.

La Argentina ha desarrollado un marco jurídico integral para la eliminación de la discriminación racial, lo que abarca las disposiciones de la Constitución para garantizar la equidad en el goce de los derechos para todos los habitantes, tanto argentinos como extranjeros.  La Ley 23,592 establece desde 1988 la figura de la discriminación en general, y la de discriminación racial en particular, como delitos comunes, y además estipula un agravante en el caso de los delitos penales cometidos por persecución u odio racial. Identifica además como delitos penales la participación en una organización racista o la realización de propaganda de esta índole, así como la incitación a la persecución o al odio por cuestiones raciales (Ley 23.592, artículo 3).  Este marco podría fortalecerse aún más si se definiera la discriminación en general como delito penal.  En este sentido, veo con beneplácito el debate legislativo actual sobre la posibilidad de ampliar la ley.

 

Quisiera también resaltar el marco ya existente para abordar cuestiones atinentes a grupos vulnerables específicos, tales como los pueblos originarios: la Ley 26.554 que prorrogó el plazo establecido en la Ley 21.160, que está a punto de vencer. Esta ley ordena que  -en virtud de la situación de emergencia imperante- se realice un relevamiento en materia de posesión y titularidad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas, a fin de evitar los desalojos forzados. Por otro lado, se encuentra la Ley 23.302 que creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), cuyo objetivo es asegurar que los pueblos originarios puedan ejercer una ciudadanía plena en cumplimiento de sus derechos constitucionales; y la Ley 26.206 que estableció la Educación Intercultural Bilingüe. También veo con beneplácito los esfuerzos realizados para reconocer, a través de una serie de medidas simbólicas, la existencia de la población afroargentina. Además quisiera señalar que se ha extendido la protección jurídica a los refugiados y solicitantes de asilo como resultado directo de la implementación del Plan Nacional contra la Discriminación de 2005.

La ley progresista sobre migraciones con que cuenta la Argentina y que se destaca a escala internacional, reconoce la migración como derecho fundamental inalienable, y tiene por objetivo asegurar la aplicación de procedimientos y criterios no discriminatorios, de conformidad con los derechos y las garantías establecidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales; y además enfatiza que los inmigrantes deben gozar de los mismos derechos que los nacionales del país. Sin embargo, la ley no es lo suficientemente conocida por la población en general y los funcionarios públicos, lo que ha llevado a denegar a los inmigrantes los derechos básicos tales como el acceso a la vivienda y, en algunos casos, el acceso a la justicia o los servicios de salud.  Por otro lado, no existe un plan formal para la integración de los inmigrantes y a menudo estas poblaciones deben depender de organizaciones de la sociedad civil y otras para su integración, lo que aumenta aún más su vulnerabilidad. 

La Argentina también ha establecido una serie de instituciones para promover los derechos humanos y luchar contra la discriminación como, por ejemplo, el INADI, que tiene la responsabilidad de implementar el plan nacional contra la discriminación, concientizar sobre el tema, y realizar investigaciones y relevamientos sobre el problema, así como recepcionar los reclamos individuales.  Quisiera expresar mi agradecimiento por la reciente actuación inmediata del INADI, en coordinación con las dependencias de gobierno correspondientes, para abordar casos de violencia neonazi y expresiones antisemíticas.  También veo con beneplácito los desarrollos recientes para combatir la discriminación y las expresiones de odio en los deportes.

Quisiera además reconocer el mandato de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural -dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación- así como del Consejo Federal de Derechos Humanos, que reúnen a las secretarías y altas autoridades de derechos humanos de las 24 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Deseo reconocer la existencia de entes de monitoreo independientes como la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación, así como el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, que son todas prácticas excelentes que deberían fortalecerse y apoyarse plenamente. En este sentido, aliento a una pronta designación de un nuevo Defensor del Pueblo.

Desafíos principales

De todos modos, y como sucede también en otras partes del mundo, he encontrado prácticas discriminatorias que a menudo afectan a los pobres y a los más vulnerables que pertenecen a grupos minoritarios, incluidos los pueblos originarios, los afroargentinos, y las comunidades de migrantes.  En la Argentina, a veces se refieren al delito de “portación de rostro”.

A pesar del marco institucional y jurídico integral, falta aún una implementación efectiva y persisten todavía retos significativos. En particular, la situación de los pueblos originarios en ciertas áreas del país es terrible ya que viven en condiciones de pobreza extrema, aislados y sin acceso a los servicios básicos.  En tanto una gran parte de las minorías sigue siendo invisible a todas las esferas de la sociedad, la situación de los pueblos originarios es especialmente crítica y requiere atención inmediata. Se les niega acceso a las necesidades básicas tales como el agua potable, una vivienda digna, una atención de la salud de calidad, oportunidades de empleo y una educación adecuada y de calidad. Se encuentran en general excluidos de la vida social y política.  Existe una ausencia de representantes de los pueblos originarios en cargos clave para la toma de decisiones, aún en los entes específicamente dedicados a las cuestiones atinentes a dichos pueblos.  Los métodos de consulta con esta población no resultan acordes con su cultura y enfoque de la vida.  El acceso a la propiedad de las tierras sigue siendo un desafío y se deben adoptar rápidamente nuevas disposiciones para proteger a las comunidades del desalojo ante el vencimiento en 2017 del plazo establecido en la Ley 26.554.  Es necesario simplificar el sistema de registro de las tierras comunitarias así como brindar asistencia adecuada en dicho proceso.

La medida tomada respecto de la educación bilingüe intercultural, aunque positiva en su esencia, ha experimentado limitaciones en su implementación que sus beneficiarios perciben como unidireccional.  Se han planteado también inquietudes respecto de la falta de capacitación de profesores designados para interactuar con las comunidades originarias, lo que resulta en la estigmatización de los niños indígenas en las escuelas donde se observa una actitud sesgada. La poca cantidad de profesores de origen indígena continúa siendo una cuestión problemática. La falta de acceso a servicios y centros de salud, así como el número generalmente limitado de médicos capacitados que entiendan la cultura indígena, han contribuido a condiciones muy graves de salud materno infantil en las áreas rurales.  En otros lugares, incluidos los centros urbanos, algunos proveedores de atención de la salud y de servicios no han extendido dichos servicios a ciertas áreas donde viven principalmente comunidades de migrantes. He escuchado decir que las ambulancias, los servicios postales y los proveedores de servicios privados se niegan a operar en determinadas comunidades debido a una segregación de facto de ciertos grupos de la población, lo que conduce a una mayor estigmatización. Dicha estigmatización se encuentra también reforzada por el retrato estereotipado de ciertos grupos y aún de ciertas nacionalidades por parte de los medios de comunicación.  Por ende, existe la necesidad de reforzar la presencia en los medios de los grupos minoritarios de un modo no estereotipado, para sostener y apoyar el mandato del Observatorio de Medios que ha desarrollado una buena práctica al entablar un diálogo constructivo con todas las partes interesadas.

Lo más alarmante es -según se me ha informado en diversas partes del país- la tendencia a reprimir la movilización de los grupos originarios en reclamo de sus derechos; y a tomar represalias contra quienes defienden o lideran la defensa de los derechos civiles de los indígenas, así como contra los integrantes de sus familias.  Los defensores de los derechos de las minorías, incluidos los migrantes, también han sido objeto de estas represalias.  Por lo tanto, realizo un llamamiento al Gobierno Nacional y a las autoridades provinciales para que se tomen medidas de inmediato a fin de ofrecer la protección necesaria y el debido proceso para aquellos defensores de los derechos civiles que, junto con sus familias, son objeto de acoso judicial y persecución por parte de las fuerzas de seguridad en el país; y para que se inicien investigaciones especiales y transparentes respecto de aquellas muertes sospechosas de los defensores de los derechos humanos de estas minorías.

Escuché reclamos de que la policía realiza discriminación por perfil y ejerce violencia contra los migrantes de países vecinos y de otras procedencias, que dichos actos no son sancionados, que rara vez se investigan, y que a veces se cierran las causas sin la realización de investigaciones exhaustivas o sin que las partes involucradas hayan prestado declaración.  También me preocupa la violencia sistemática de parte de la policía contra los vendedores callejeros senegaleses.

El acceso a la justicia para los grupos vulnerables –desde las poblaciones originarias hasta los migrantes y afrodescendientes- sigue siendo un reto.  Las dificultades en acceder a la justicia se vinculan con las barreras del idioma, los conocimientos limitados sobre las leyes, las dificultades en encontrar una orientación jurídica adecuada, en especial para los pueblos indígenas y, lo que resulta más alarmante en determinados momentos, la imposibilidad de presentar una demanda ante la secretaría de un juzgado.

Es también preocupante observar que la justicia no señala el vínculo entre la discriminación y la denegación de servicios básicos. La ausencia de grupos minoritarios en los niveles más elevados del Poder Judicial resulta un desafío significativo para los grupos objeto de discriminación racial, en particular los pueblos indígenas y los migrantes.  También se me informó que en algunas zonas del país, los jueces pueden ser cómplices de las prácticas discriminatorias y las represiones contra los activistas de los grupos minoritarios. En este sentido, resulta urgente que el Gobierno realice el monitoreo de las causas presentadas por los grupos minoritarios respecto de su acceso a los derechos básicos, a fin de asegurar una debida evaluación de los elementos de discriminación.  Además, insto a los tribunales superiores a prestar la mayor atención posible a aquellos aspectos relativos a la discriminación al revisar los casos planteados por individuos pertenecientes a grupos minoritarios, en especial los pueblos originarios, a quienes a menudo se les niega una respuesta de los tribunales en el ámbito provincial.

La educación es un medio fundamental para erradicar el prejuicio, la discriminación, la estigmatización y para fomentar un entendimiento mutuo así como la convivencia. Sin embargo, es de gran preocupación que no haya un programa de educación en derechos humanos integral para combatir el sesgo y promover el entendimiento mutuo.  Más aún, todavía quedan por materializarse los pasos necesarios para reconocer en forma apropiada la contribución de los grupos marginados –incluidos los pueblos originarios- en los programas de estudio, lo que contribuye aún más a su invisibilidad y estigmatización.  En este sentido, invito al Gobierno a lanzar oficialmente en todo el país el Decenio de los Pueblos Afrodescendientes, y a promover actividades específicas diseñadas con la comunidad, con el objetivo de que se reconozca y establezca como corresponde la contribución pasada y presente de los afroargentinos en el país.

El INADI participa en los esfuerzos de concientización para abordar la estigmatización y el estereotipado de los refugiados, migrantes y pueblos afrodescendientes. Esta tarea debe fortalecerse, en especial con relación a los pueblos originarios. También recibí con beneplácito la información respecto del aumento significativo en los últimos meses en la aceptación de reclamos individuales por parte del INADI y aliento a la institución a tener llegada a las áreas más remotas del país y prestar especial atención a los pueblos originarios, además de otros grupos vulnerables, lo que incluye a los afrodescendientes, migrantes y quienes son objeto de vulnerabilidades transversales tales como el grupo LGBTI y las mujeres pertenecientes a grupos minoritarios.

Aunque el mandato del INAI se refiere a implementar la política de los pueblos indígenas y a promover la participación de las comunidades en el diseño y la implementación de las políticas de estado que los afectan, muchos de mis interlocutores han señalado que la institución no ha logrado satisfacer sus objetivos de promover el respeto por las formas tradicionales de organización en el proceso de toma de decisiones, fortalecimiento de las identidades étnicas y culturales, y la creación de la base para un desarrollo integral y sostenido que sea compatible con la conservación del medio ambiente en los territorios que habitan los pueblos indígenas.  Resulta especialmente inquietante la representación de los pueblos indígenas en los niveles en que se realiza la toma de decisiones dentro del INAI.  Parece que también le faltara al INAI el financiamiento apropiado para realizar su misión y, además, se encuentra demasiado lejos de las comunidades a las que debe servir. Por ende, el mandato del INAI debería fortalecerse a fin de otorgarle facultades más sólidas en cuanto a la toma de decisiones, y a fin de expandir su alcance en las provincias.  En general, existe en este plano la necesidad de cambiar la forma de inclusión de los pueblos indígenas desde una política enfocada a la asistencia social y el bienestar hacia una basada en los derechos y la justicia, a través de políticas de estado en todos los sectores.  Resulta clave contar con una coordinación multisectorial de esta política desde los niveles más altos del gobierno para lograr una implementación exitosa a escala nacional y provincial.

El nivel de implementación del Plan Nacional contra la Discriminación del año 2005 que también es una buena práctica, debería evaluarse en profundidad para definir objetivos nuevos con la participación activa de los grupos involucrados, quienes también deberían participar como corresponde en el proceso de monitoreo de los avances.  En este sentido, sigue siendo problemática la falta de datos y estadísticas confiables, y es necesario que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos diseñe, en coordinación con todos los Ministerios e instituciones especializados, los protocolos para la recolección sistemática de datos confiables y desagregados respecto de una amplia variedad de indicadores.  Los datos resultan fundamentales para medir los niveles de discriminación, identificar los vacíos existentes y diseñar políticas adecuadas, tal como se ha señalado en la agenda de desarrollo sostenible 2030.

Realizo también un llamamiento al gobierno argentino para que establezca medidas de acción positiva, a fin de asegurar una representación de los grupos minoritarios en cargos importantes de toma de decisiones y, en particular, en cargos que puedan influir sobre la educación, incluido el nivel universitario, y en cargos dentro de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo. Esto es de especial urgencia para los pueblos originarios, ya que las modalidades de participación actuales han fracasado en gran medida en lo que se refiere a darles la voz y visibilidad necesarias con vistas a remediar su larga historia de exclusión y marginación.  La condición actual de los pueblos originarios no puede esperar y exige una atención inmediata de los niveles más elevados del gobierno.

Comentarios finales

Para concluir, quisiera agradecer el compromiso expresado por el nuevo gobierno para abordar el problema de la discriminación. La Argentina cuenta con muchas buenas prácticas que ya ejemplifican lo que es posible.  Sin embargo, hay aún mucho por hacer para la materialización de los derechos de los grupos históricamente discriminados y marginados. También me preocupan ciertas decisiones recientes del poder ejecutivo en relación con la discontinuación de algunos de los programas existentes para promover los derechos de las minorías en determinados sectores.  Al observar las dificultades que plantea la situación económica del país, es necesario enfatizar la importancia de mantener las medidas para proteger a los más vulnerables. Veo con beneplácito el nuevo plan nacional de derechos humanos y aliento al Gobierno de la Nación para que lo publique y promueva la difusión de su contenido entre los funcionarios correspondientes y la población en general.  Finalmente, el esfuerzo del país para brindar capacitación en derechos humanos a los diversos sectores del Gobierno debería fortalecerse, en especial, entre los proveedores de servicios, las fuerzas de seguridad y los operadores del sistema judicial.

Prepararé un informe más abarcador y detallado con recomendaciones específicas y, a su vez, insto al gobierno a implementar en forma efectiva y plena las recomendaciones efectuadas por CERD, EPU, así como las del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas que aún no se han cumplido. 

Muchas gracias”.