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Presentación oral de la Subsecretaria General de Derechos Humanos Ilze Brands Kehris del informe del Secretario General sobre la cooperación con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en el ámbito de los derechos humanos

Consejo de Derechos Humanos, 45º período de sesiones
Tema 5 de la agenda 5
Ginebra, 30 de septiembre de 2020

 

 

Señora Presidenta, Excelencias, señoras y señores,

Me satisface mucho tener la oportunidad de debatir sobre la intimidación y las represalias por cooperar con las Naciones Unidas, en un diálogo interactivo. Apreciamos gratamente la continua atención del Consejo a este tema sumamente preocupante, y le agradezco, Señora Presidenta, su dedicación a esta cuestión.

Este año, el Secretario General renovó su compromiso de tratar la intimidación y las represalias con la dedicación de los recursos y el liderazgo de las Naciones Unidas a este fin. Me honra continuar el trabajo de mi predecesor, Andrew Gilmour, como funcionaria superior de las Naciones Unidas. Una señal positiva del compromiso del Consejo es que, en su resolución de septiembre que condenaba todos los actos de intimidación y represalias e instaba a los Estados a actuar, los Estados miembro también reconocieron la importancia de esta labor.

Además de la importante contribución de este organismo a la cuestión, es alentadora la mayor atención que brindaron la Asamblea General y el Consejo de Seguridad el año pasado. Este impulso global creciente tiene que mantenerse y ampliarse, pese al contexto de la existencia de otras urgencias, y espero con interés continuar los esfuerzos para garantizar que así se haga.

La pandemia de la COVID-19 ha cambiado, sin duda, nuestra forma de trabajar e interactuar, así como ha acarreado nuevos desafíos, pero también oportunidades. Sin embargo, como el informe deja claro lamentablemente, se han registrado actos de intimidación y represalias de alcance y cantidad similares a los del pasado. Dado el cambio considerable en la colaboración con las Naciones Unidas durante el periodo de notificación debido a la pandemia, junto con la cancelación de muchas actividades de las Naciones Unidas desde marzo, esperábamos que el número de denuncias recibidas también hubiera disminuido, pero no ha sido así por desgracia. Esto es una señal preocupante que puede indicar un aumento de esos actos a raíz de la pandemia.

El Secretario General, en su Llamamiento a la Acción para los Derechos Humanos en febrero, subrayó que las Naciones Unidas depende de la participación activa de los agentes de la sociedad civil, y que debemos contrarrestar los discursos que pretendan desacreditar y perjudicar a nuestros socios. Advirtió en el informe que “(c)on el desarrollo de nuestro trabajo cada vez más en línea como resultado de la COVID-19, deberíamos garantizar una participación significativa, efectiva, fácilmente accesible y libre de intimidación o represalias de todo tipo”.

Ha llegado el momento de plantearse cómo garantizar una participación efectiva e inclusiva. Las nuevas circunstancias en las que nos encontramos exigen más personas sobre el escenario, y no menos. La intimidación y las represalias son violaciones inequívocas e inaceptables de los derechos de las personas atacadas. También suponen un obstáculo para la participación y la buena gobernanza. No podemos permitir que las voces sean silenciadas.

Señora Presidenta, señoras y señores,

El informe que tienen delante es una recopilación de las medidas adoptadas por diversos agentes de las Naciones Unidas, aunque reconocemos que no es el panorama completo. Es alarmante ver que los actos de represalias e intimidación en algunos países no son casos poco frecuentes ni aislados, sino que reflejan patrones en evolución. Así lo remarcó el Secretario General el año pasado, y de nuevo este año.

Este año las medidas adoptadas con el tiempo por numerosos agentes de las Naciones Unidas para abordar la intimidación y las represalias recalcaban las siguientes violaciones graves, entre ellas: arrestos, detenciones y otras privaciones de libertad, acusaciones penales, tortura y maltrato, e incluso muertes durante las detenciones y desapariciones forzadas. Muchos de estos casos se producen en un contexto de uso indebido y generalizado de la seguridad nacional, así como de la legislación y las medidas de lucha contra el terrorismo. Tenemos la responsabilidad colectiva como agentes de las Naciones Unidas de abordar estas violaciones.

Entre las más atroces está el hecho de que una persona pueda sufrir una privación prolongada de libertad por ejercer su derecho a comunicarse con las Naciones Unidas, lo que es aun más grave cuando la detención ha sido declarada arbitraria por expertos de las Naciones Unidas. El informe hace mención, en concreto, a tres situaciones identificadas por agentes de las Naciones Unidas en las que las denuncias“indica[n] [que] las detenciones arbitrarias son un problema sistémico”: China, Egipto y Arabia Saudí. Existe la preocupación de que la detención puede haberse utilizado para castigar a quienes cooperan con nosotros y, aunque estos son tres ejemplos clave, creemos que existen más.

Varias personas aparecen reiteradamente en los informes después de ser atacadas año tras año, lo que aumenta nuestro temor de que una vez que una persona acude a las Naciones Unidas, se vea o se considere que coopera con nosotros de alguna forma, o haya llevado su caso ante un organismo de las Naciones Unidas, esta exposición pueda conllevar más perjuicios. El patrón que observamos es claro: las personas se ven intimidadas o castigadas para evitar que denuncien por sí mismos o en nombre de otros.

También sabemos que algunas personas y grupos no se atreven a colaborar con nosotros en un entorno restrictivo, lo que indica la retracción del espacio cívico de esos países. El informe identifica casos a los que la Alta Comisionada ha prestado especial atención, incluidos los acontecidos en Libia, Nicaragua, Filipinas, Federación de Rusia, Sri Lanka, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. Además, el Secretario General ha puesto de relieve la tendencia preocupante de autocensura.

Varios agentes de las Naciones Unidas han formulado acusaciones individuales en entornos represivos durante varios años. El informe de este año incluye, entre otros, Bahrein, Burundi, China, Cuba, Egipto, India, Irán, Myanmar, Arabia Saudí, Uzbekistán, y Vietnam. Ante estas situaciones inquietantes y diversas, debemos trabajar juntos para preservar y ampliar los espacios de Naciones Unidas en aras de la interacción y la participación.

En los escenarios de conflicto, las operaciones de paz de las Naciones Unidas denuncian intimidación y represalias aunque el bajo volumen de denuncias sigue causando seria preocupación en estos entornos. Entre los ejemplos de tendencias documentadas por las misiones de paz y destacadas en el informe, se encuentran los de la República Democrática del Congo, Malí y Sudán del Sur.

Señora Presidenta, señoras y señores,

El informe refleja claramente que estos problemas tienen su propia versión en línea, puesto que los ataques no solo se producen en las Naciones Unidas u otras instalaciones físicas. En la esfera digital, los casos varían desde activistas y periodistas que se ven atacados en las redes sociales tras intervenir en una reunión de las Naciones Unidas, hasta víctimas castigadas por presentar información o contactar con nosotros electrónicamente. Resulta particularmente inquietante que algunos de estos casos conciernan a las comunicaciones que nos envían y que se suponen que son privadas y confidenciales. Los ataques muestran, por tanto, el grado de seguimiento y vigilancia, así como deficiencias en la seguridad digital, que sufren las víctimas, los activistas y los periodistas.

El informe pone de relieve que las personas que trabajan en pro de los derechos de la mujer y de LGBTIQ, incluidos los derechos en materia de salud sexual y reproductiva, corren especialmente peligro. Se ha constatado amenazas de violación y otras formas de violencia sexual, campañas de difamación en línea y troleo, discursos públicos estigmatizantes, agresiones sexuales durante las detenciones, junto con tratos humillantes y degradantes en el contexto de la cooperación con las Naciones Unidas, así como un incremento en los ataques contra los familiares.

El informe revela que, entre 2017 y 2019, se produjo un aumento de las denuncias de represalias hechas públicas y concernientes a mujeres o personas que trabajan en pro de los derechos humanos de la mujer o cuestiones de género. Al mismo tiempo, los casos individuales no denunciados públicamente, o que se mantienen en el anonimato por protección u otras cuestiones, atañen principalmente a mujeres.

Como reiteré al Consejo de Seguridad en febrero, lamentablemente hemos observado que la mayor invisibilidad que ha traído consigo la colaboración de las mujeres con las Naciones Unidas, en particular mujeres defensoras y constructoras de la paz, puede aumentar su vulnerabilidad a las represalias y a una ulterior estigmatización.

Esta situación puede crear un círculo vicioso anclado y conducente a una discriminación arraigada. El informe también enumera riesgos y desafíos particulares sufridos por otros grupos. Entre los muchos que se encuentran amenazados, destaca los riesgos que corren los jóvenes activistas y representantes de comunidades indígenas y minoritarias. En este momento recibimos más inquietudes de jóvenes implicados en protestas y de aquellos que utilizan los foros de las Naciones Unidas para defender sus derechos. Los grupos que reclaman derechos sobre la tierra y los recursos y que manifiestan preocupaciones medioambientales y de desarrollo, en especial de comunidades afectadas, son atacados año tras año.

Señora Presidenta, Excelencias, señoras y señores,

Mientras miramos al futuro, agradezco la oportunidad de seguir con la labor que mi predecesor inició en 2016, y afirmo mi voluntad de proseguir todos los esfuerzos por la creación y la delineación de una respuesta coherente y responsable por parte del sistema de las Naciones Unidas. Pero esto solo puede lograrse si trabajamos codo con codo. No solo tenemos que proteger y empoderar a las víctimas, sino también mejorar nuestra capacidad y herramientas para evitar que se produzca este tipo de actos.

Ya estamos viendo señales de una mejor notificación por parte de nuestros socios en el sistema de las Naciones Unidas y una mayor vigilancia de los incidentes y las tendencias. Asimismo, hemos recogido algunos buenos ejemplos de rendición de cuentas y medidas de protección por parte del Estado. Cabe destacar que el nivel de respuestas a las denuncias presentadas a los Estados en cuestión durante la preparación del informe este año ha mejorado. Quisiéramos agradecer a los Estados que participaron las respuestas detalladas y la información adicional facilitada, lo cual hemos intentado dejar reflejado también en el informe.

Es importante que el Consejo de Derechos Humanos y el sistema más amplio de las Naciones Unidas sigan enviando un mensaje inequívoco de tolerancia cero, mejoren la depuración de responsabilidades y contribuyan a mitigar los riesgos, incluso los relacionados con la cooperación con los procedimientos temáticos y los mecanismos de supervisión nacionales establecidos por este Consejo.

ACNUDH, por su parte, continuará apoyando los esfuerzos de los Estados miembro y de colegas de las Naciones Unidas en esta dirección. Pero en este tema, todos tenemos una responsabilidad compartida. Aquellas personas que nos aportan sus casos y testimonios depositan su confianza en nosotros. Merecemos esa confianza únicamente si les defendemos cuando lo necesiten, y colaboramos conjuntamente para responder de manera más efectiva a sus problemas. Gracias