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Conversatorio con la Sociedad Interamericana de Psicología- "Respuestas a la COVID-19 y Derechos Humanos"

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

21 de octubre de 2020

Estimado Profesor Carlos Zalaquett,

Amigas y amigos,

Estoy contenta de reunirme con ustedes para discutir un tema muy importante que, de hecho, nos ha tomado por asalto y se ha apoderado de nuestros días y semanas.

En diez meses, COVID-19 ha cobrado más de un millón de vidas e infectado a más de 30 millones de personas en todo el mundo. Las infecciones siguen en aumento y hay fuertes señales de nuevas olas.

La pandemia ha costado a la economía mundial 375 mil millones de dólares al mes y, hasta hoy, se han perdido unos 500 millones de puestos de trabajo.  Décadas de desarrollo humano y los logros alcanzados en materia de salud y educación durante la última década, están en peligro.

Junto con la emergencia climática, esta es la amenaza global más grave que hemos enfrentamos en generaciones.

Y ella ha venido acompañada de la más profunda recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Una recesión tan brutal que amenaza con llevarnos al primer aumento de la pobreza mundial desde 1998, empujando a más de 100 millones de personas a la pobreza extrema.

América Latina es una de las regiones más afectadas del planeta. Lamentablemente, se calcula que se puede llegar al medio millón de muertos a fines de año. 

Y la situación económica también es muy preocupante.

Según estimaciones recientes de la Comisión Económica para América Latina y Caribe, CEPAL, la región experimentará una caída del PIB del 9,1% durante este año, afectando las tasas de desempleo y pobreza.

Como médico y ex jefa de Estado, sé la importancia vital de medidas para proteger la salud pública.

Como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, yo no podría ser más clara: para que sean eficaces, estas medidas, los esfuerzos de respuesta y recuperación, deben basarse en los derechos humanos.

El derecho a la salud es fundamental. Ello es indispensable para el ejercicio de muchos otros derechos y necesario para que se pueda vivir con dignidad.

COVID-19 ha hecho que su realización sea aún más urgente.

Es ahora evidente lo mucho que, en un contexto de pandemia, la salud de uno puede depender del comportamiento de los demás.

Asimismo, es incuestionable cómo evitar el colapso del sistema médico de cualquier país es un asunto de interés para todos los países.

Las políticas públicas para proteger la salud de todos son esenciales. Así como la protección de los trabajadores sanitarios de primera línea, sus condiciones de trabajo y su adecuada remuneración.

La promoción de la salud pública es sin duda crucial.  Saludo el importante papel desempeñado por la comunidad científica y académica.

De igual manera, es también esencial recordar que una vida saludable es más que una buena salud física.

Esto ya era fundamental antes de la COVID-19.

Se estima que, en todo el mundo, cerca de mil millones de personas viven con algún trastorno mental. Cada 40 segundos, alguien muere por suicidio. Y la depresión ya se reconoce como una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los niños y adolescentes.

Ahora estamos viendo las consecuencias de la pandemia en el bienestar mental de las personas. Muchos grupos, incluidos los adultos mayores, las mujeres, los niños y las personas con problemas de salud mental ya existentes corren riesgos a mediano y largo plazo si no se toman medidas.

Según un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud, OMS, presentado a principios de este mes, la pandemia de COVID-19 ha interrumpido o detenido servicios críticos de salud mental en el 93% de los países del mundo, mientras que la demanda de salud mental va en aumento.

La OMS ya había puesto de relieve la crónica falta de financiamiento de la salud mental: antes de la pandemia, los países destinaban menos del 2% de sus presupuestos nacionales de salud a la salud mental.

En mayo, el Secretario General publicó un informe enfatizando que "los servicios de salud mental son una parte esencial de todas las respuestas de los gobiernos a la COVID-19", y pidiendo que estos se amplíen y se financien totalmente.

En la ocasión, él subrayó que las políticas deben apoyar y atender a las personas afectadas por problemas de salud mental y proteger sus derechos humanos y su dignidad. Y que los cierres y las cuarentenas no deben discriminar a ellas.

En las palabras del Secretario General, “las Naciones Unidas están firmemente comprometidas con la creación de un mundo en el que todas las personas, en todas partes, tengan a alguien a quien acudir en busca de apoyo psicológico”.

Sumo mi voz a este compromiso.

La pandemia nos ha mostrado la importancia de la Cobertura Universal de Salud – y la salud mental debe ser incluida en ella.

El acceso a los cuidados de salud no debe depender de la situación económica de una persona.

Sin embargo, aunque la salud es un derecho humano fundamental y la cobertura universal una meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la mitad de la población mundial no tiene una cobertura completa de los servicios de salud esenciales. Además, más de 800 millones de personas gastan al menos el 10% de sus presupuestos familiares para pagar los servicios de salud.

Además de una crisis sanitaria, COVID-19 ha puesto de manifiesto las desigualdades y la discriminación estructural generalizadas que están dejando heridas en todas las sociedades, en todos los ámbitos de la vida.

Esto se manifiesta claramente en la forma en que las personas disfrutan de su derecho a la salud.

Incluso antes de esta crisis, los determinantes socioeconómicos de la salud, como la desigualdad, la discriminación y la pobreza, ya eran razones importantes por las que millones de personas carecían de acceso a una atención y unos servicios de salud de buena calidad.

Ahora, los que ya se encuentran en situaciones vulnerables son los que más sufren los efectos sanitarios y socioeconómicos de la COVID-19.

Personas que viven en la pobreza. Las personas afrodescendientes y los miembros de minorías raciales, étnicas y religiosas, cuyos derechos se han visto afectados durante demasiado tiempo por el racismo estructural. Los pueblos indígenas. Las personas con discapacidades. Personas mayores, especialmente las que se encuentran en hogares de cuidado. Migrantes y refugiados. Las mujeres y las niñas, no debido a ninguna vulnerabilidad inherente, sino exactamente a causa de la discriminación y la desigualdad de larga data.

En esto, permítanme ser clara una vez más: la igualdad de género no es un extra opcional, ni se puede dejar de lado en tiempos de crisis. Es esencial para las sociedades pacíficas, justas y resistentes. Nunca podremos hacer frente a los desafíos que enfrentamos - o a cualquier otro - si jugamos con sólo la mitad del equipo.

Estos son tiempos realmente desafiantes y complejos.

Exigen acción, cooperación y solidaridad a todos los niveles.

La pandemia debería estimularnos a adoptar medidas fuertes y transformadoras para aumentar las poderosas protecciones que solo pueden ofrecer las políticas basadas en los derechos humanos -- promoviendo la salud pública, la confianza de la población y una mayor resiliencia social y económica.

No podemos volver a la "normalidad" que hizo a nuestras sociedades tan vulnerables, frágiles y desiguales.

De la devastadora tragedia humana que trajo la pandemia, tenemos una oportunidad única en la vida.

Debemos reconstruirnos mejor.

Para ello, debemos abordar la pandemia de desigualdad expuesta y acentuada a por la COVID-19.

En el contexto actual, la protección social universal es un instrumento crucial y de vital importancia para permitir el acceso a la atención de la salud y la educación, proteger el derecho a la vivienda y la alimentación y proteger a las personas de la pobreza extrema.

Pero la protección social para todas y todos es un sueño lejano para la mayoría de la población mundial. Según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el 71% de las personas que viven hoy en día no tienen cobertura de seguridad social, o sólo la tienen de manera parcial e inadecuada. Las mujeres, que muchas veces trabajan en la economía informal, son frecuentemente privadas de protección social.

Los esfuerzos sostenibles de recuperación serán esfuerzos que promuevan la protección social universal, incluida la cobertura sanitaria universal. Integrarán el acceso a la educación, protegerán el derecho a la vivienda y la alimentación y protegerán a las personas más vulnerables. Y se basarán en procesos inclusivos y participativos y garantizarán la igualdad de oportunidades para todos.

Todos deben beneficiarse de estos esfuerzos basada en los derechos humanos.

Y no puedo subrayar esto lo suficiente: cualquier vacuna contra COVID-19 debe ser distribuida como un bien público mundial.

Sé que son tiempos llenos de incertidumbres, pero soy optimista.

Tengo plena confianza de que juntas y juntos podemos reconstruir sociedades que defiendan los derechos humanos y las libertades, incluido el derecho a la salud y, por cierto, a la salud mental.

Además de ser imperativos legales, los derechos humanos son las herramientas para construir sociedades más estables, más pacíficas y más resilientes.

Sociedades más sanas en todos los sentidos.

Me encanta discutir estos temas con ustedes hoy.

Gracias.