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Parlamento Latinoamericano y Caribeño
Reunión de la Comisión Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias


Video de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

6 de mayo 2021

Estimadas y estimados miembros del Parlamento Latinoamericano y Caribeño,

Me complace dirigirme a ustedes hoy.

Este último año ha cambiado nuestras vidas de maneras que aún nos cuesta comprender.

No obstante, en medio de tantas incertidumbres, una cosa nos queda clara: pocas veces hemos visto una demostración tan poderosa del valor de los derechos humanos.

La COVID-19 y sus impactos socioeconómicos se alimentan de las brechas en la protección de los derechos humanos. Se alimentan y exacerban las fallas construidas sobre la discriminación y las desigualdades profundas y estructurales.

La pandemia tomó por asalto al mundo entero, pero la tempestad ha golpeado muy fuerte en las Américas, región que está a punto de alcanzar la tristísima cifra de 1,5 millones de vidas perdidas por la COVID-19.

El impacto socioeconómico no es menos desolador.

Un reciente informe de la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe, la CEPAL, muestra que, en finales de 2020, el 33,7% de la población de la región vivía en la pobreza. Esto significa 209 millones de personas, 22 millones más que el año anterior. La pobreza extrema alcanzó niveles no vistos en los últimos 20 años, llegando al 12,5% de la población.

Según el Fondo Monetario Internacional, con una desaceleración del 7% en 2020, la región tuvo la contracción económica "más brusca" del mundo, superando con creces la desaceleración de la economía mundial, del 3,3%.

Las cifras son asombrosas.

Y detrás de ellas, hay conmovedoras tragedias humanas.

Como en el resto del mundo, aunque el virus no discrimina, sus impactos sí lo hacen.

Las personas cuyas voces han sido sistemáticamente silenciadas son las que más sufren las consecuencias sanitarias y socioeconómicas de la COVID-19.

De hecho, los más afectados por la crisis sanitaria y socioeconómica son aquellos que no han cosechado los beneficios del desarrollo experimentados por muchos países de la región.

Son los que se han quedado atrás - y hoy se están quedando aún más atrás.

Los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas LGBTI, los migrantes, las personas con discapacidad y las personas privadas de libertad se encuentran entre los más afectados.

Asimismo, las mujeres y niñas en toda su diversidad también han sido afectadas de manera desproporcionada. Y esto no se debe a ninguna vulnerabilidad inherente, sino a siglos de discriminación y desigualdad preexistentes.

Amigas y amigos,

La protección de los derechos humanos de las poblaciones vulnerables es una de las prioridades de mi Oficina en la región.

Esto incluye las personas privadas de libertad, que han sido expuestas a grandes riesgos, ya que el virus puede difundirse con rapidez debido al hacinamiento y al acceso restringido a la higiene en algunos contextos.

En este sentido, se debe garantizar que las personas privadas de libertad tengan acceso a atención sanitaria, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria.

Desde el comienzo de la crisis, hemos publicado varias directrices que, aunque cubrían muchos aspectos diferentes, tenían el mismo mensaje central: los derechos humanos deben estar en el centro de todos los esfuerzos de respuesta y recuperación.

En febrero, presenté al Consejo de Derechos Humanos un informe destacando que gran parte del impacto negativo de la pandemia fue exacerbado "por un fracaso a la hora de abordar las causas estructurales previamente existentes de desigualdad, exclusión social y privación, y la incapacidad de muchos países, ricos y pobres por igual, de satisfacer las necesidades básicas de una proporción considerable de sus poblaciones."

Agregando que "la habilidad de muchos Estados para responder a una pandemia de la magnitud actual se ha visto comprometida por años de subinversión en los servicios de salud pública y la falta de acceso universal a la atención sanitaria".

La crisis demostró hasta qué punto la vulneración de los derechos humanos pone en peligro a nuestras sociedades – y mucho nos enseña sobre el valor de invertir en ellos.

Señala la importancia de contar con sólidos sistemas públicos universales de salud, con una atención de calidad disponible, accesible y asequible para todos, sin discriminación alguna e independientemente de la capacidad de pago de cada persona.

También resalta la importancia de la protección social, un derecho humano fundamental y una herramienta esencial para reducir la pobreza.

El Estado tiene la obligación de proteger y garantizar los derechos de su población.

Sin embargo, para hacer frente a esa crisis sin parangón necesitamos solidaridad y la participación activa de todos los sectores de la sociedad.

Debemos recuperarnos mejor.

Y sólo lo lograremos juntos.

Muchas gracias.